Por Wilber Flórez RamírezDirector La Verdad
Muy a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por frenar la corrupción en Colombia, esta sigue imbatible y se presenta en todas las entidades públicas del Estado. Y el foco de mayor corrupción en un municipio es la alcaldía.
El cohecho o soborno es la práctica de corrupción más generalizada. Este fenómeno, bate todos los record en los ENTES territoriales en donde abundan las prácticas ilegales más comunes y recurrentes como la ‘mordida’, los carruseles’, ‘ollas podridas’, ‘pulpos’, ‘carteles’, ‘mafias’, ‘venas rotas’ y escándalos en todos los niveles como el de las pensiones, agro ingreso seguro y DIAN.
Son muchos los mecanismos que se han implementado para combatir esta práctica, como el estatuto anticorrupción y las leyes creadas para frenar este fenómeno, pero el afán por adquirir una riqueza de manera rápida es superior a los esfuerzos del gobierno.
En Colombia existen 346 entidades del orden nacional y 2.487 del territorial, a las que pertenece un número superior al millón de personas que se desempeñan como servidores públicos.
La adopción de medidas generales contra la corrupción han resulta insuficiente ante la magnitud del reto que implica erradicarla.
La Procuraduría General de la Nación se ocupa de ejercer vigilancia superior sobre la conducta de las personas que desempeñan funciones públicas y con ella se realizan acciones coordinadas.
La Fiscalía General de la Nación, que investiga los delitos y acusa a los presuntos infractores, ha privado de la libertad a empleados públicos que fueron depositarios de la confianza ciudadana pero que terminaron apropiándose de cuantiosas sumas del Estado que excedieron las máximas cuantías previstas dentro de la contratación estatal.
Es decir, el Gobierno Nacional ha asumido una actitud abierta y constructiva, facilitando el trabajo de los organismos de control y promoviendo, el mismo, investigaciones contra entidades que presentaron irregularidades.
Pero la corrupción galopa campante porque las demandas contra los infractores no prosperan. Esto se debe, en gran medida, a que la corrupción ha llegado a los ENTES de Control.
En los organismos de control del Estado, a nivel seccional, está la responsabilidad de impartir justicia pero muchas veces el ‘soborno’ se hace presente y los fallos van en contravía del derecho mismo y los pronunciamientos de los jueces se han politizado.
Además, las pocas y bajas condenas a los corruptos de ‘cuello blanco’ no solo desestimulan la denuncia, sino que alimenta la cultura de la corrupción.
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